La Contraloría estableció hallazgos fiscales por $160 mil millones, por presuntas irregularidades en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), específicamente en el proceso de adquisición y adjudicación de predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral.

La auditoría la realizó la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario y abarcó el periodo entre el año 2022 y el 30 de abril de 2024. 

"Se identificaron 14 hallazgos administrativos, de los cuales 10 tienen posible incidencia disciplinaria y 6 presunto alcance fiscal. Además, se solicitó una apertura de indagación preliminar y un proceso administrativo sancionatorio, por incongruencias en la información presentada por la entidad", apuntó el ente de control.

Reseñó la Contraloría que $43.306 millones están en riesgo por predios adquiridos que son inadecuados para cultivos y ganadería.

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Se evidenció que varios predios comprados para las comunidades campesinas fueron invadidos ante la falta de control y custodia adecuada. La falta de diligencia de la ANT para su recibo material genera un posible detrimento patrimonial por cuantía de $5.646 millones y un impacto social para las poblaciones sujetos de derecho de ordenamiento social de la propiedad.

Además, en varios casos los predios adquiridos no fueron entregados de manera oportuna. Solo el 18,5% ingresado al Fondo de Tierras ha sido transferido oficialmente. 

De los 205 predios disponibles, apenas el 12,2% fueron entregados a la población campesina, el 5,3% a comunidades indígenas y tan solo el 1% a comunidades negras.

El retraso obstaculiza el desarrollo rural y pone en riesgo el bienestar de las comunidades destinatarias, afectando gravemente el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz.

Esta situación generó un presunto detrimento de los recursos públicos, en cuantía de $110.322 millones.